:: Nota de prensa de WWF España. 13/05/2013 ::

WWF presenta una herramienta orientada a las administraciones con competencia en la lucha contra el veneno. Su objetivo, facilitar al máximo la aplicación de la ley para combatir este problema.

El documento “Acción Legal contra el Veneno en España” muestra las posibilidades, administrativas y penales, de sancionar esta conducta. Entre las soluciones, WWF pide dar total prioridad a la persecución de estas infracciones por parte de las CCAA, invertir más en prevención e investigación o mejorar la formación de técnicos jurídicos, jueces y fiscales.

• Aragón, sin aplicar medidas legales hasta 2012
• Castilla-La Mancha no pone en marcha su normativa
• Navarra, sin sanciones administrativas hasta 2013
• Extremadura, solo una sanción en el último decenio
• Castilla-León sanciona dos o tres casos por año

La puesta en marcha de acciones legales es un pilar básico en la lucha contra el veneno. Con el objetivo de facilitar esta labor a los responsables de aplicar la ley, WWF presenta una guía práctica, “Acción Legal contra el Veneno en España, que recopila distintos mecanismos – en la vía administrativa y penal- para combatir el problema. La organización enviará el documento a todas las administraciones con competencia en la lucha contra este problema. WWF recuerda que es urgente una respuesta legal por parte de las CCAA para reducir la actual impunidad en los envenenamientos de fauna.

Los cebos envenados se localizan por toda la geografía de nuestro país. Sin embargo, WWF ha detectado que la puesta en marcha de medidas legales varía mucho por regiones. Como ejemplo, Castilla-La Mancha y Andalucía cuentan con una legislación específica completa. Sin embargo, su aplicación resulta muy desigual. La primera apenas emplea la normativa, mientras la segunda se muestra un poco más eficaz en esta tarea.

Destaca también Castilla y León que, sin disponer de una legislación desarrollada, ha adoptado resoluciones importantes, aunque insuficientes en relación al gran número de envenenamientos. Esta comunidad sanciona una media de dos o tres casos cada año de casi un centenar. Si se analizan el resto de CCAA, con algunas excepciones en Cataluña o Baleares, la conclusión es que no está aplicando ninguna medida legal contra estas conductas.

Como ejemplo, Aragón no ha aplicado ley alguna contra el veneno hasta el pasado mes de octubre, cuando se cerró durante dos años por primera vez un coto de caza.

En una situación similar, se encuentra Navarra. En esta región las sanciones administrativas no se han desarrollado hasta finales de 2012 y comienzos de 2013, suspendiendo la caza durante otros dos años en tres cotos. En dos de ellos, ubicados en la zona de Tudela, se habían encontrado más de 120 rapaces envenenadas.

El pasado mes de marzo, WWF, junto a otras ONG, pidió también medidas firmes contra este problema a Castilla-La Mancha, ante el envenenamiento de más de una veintena de ejemplares en Guadalajara.

Por otro lado, a pesar de ser una de las zonas más sensibles a esta amenaza, en Extremadura solo se conoce un caso en el último decenio en que se haya tomado alguna resolución administrativa por un caso de veneno.

WWF aporta una serie de recomendaciones prácticas en este documento para mejorar en la aplicación de las leyes. Entre ellas, dar prioridad a la persecución de este delito; analizar las causas de la escasa aplicación de la ley por CCAA; intensificar el trabajo de detección y prevención o reforzar la formación de jueces y fiscales.

Luis Suárez, Responsable del Programa de Biodiversidad de WWF, insiste: “Este documento desmonta las excusas habituales de las administraciones ambientales de las CCAA para no aplicar la ley. Habitualmente se escudan en que es un delito para librarse de tomar medidas administrativas. WWF demuestra que, aunque sean mejorables, ya existen en España suficientes herramientas legales para combatir esta lacra, no solo desde la vía penal”. Y concluye: “Tras el veneno, hay un problema de falta de voluntad de poner en marcha medidas legales por parte de los responsables políticos”.

Cabe recordar que el uso de cebos envenenados es una de las mayores amenazas para la conservación de las especies en peligro de nuestro país. Desde 1990 hasta 2009, se contabilizaron 410 buitres negros envenenados, 719 milanos reales, 205 alimoches, junto a casi un centenar de águilas imperiales. Este dato se agrava aún más, al aclarar que los cadáveres que se encuentran solo suponen en torno a un 5%-15% de los animales que mueren a causa de este grave problema.